Congelamiento a favor de las cadenas comercializadoras y los grupos concentrados

A casi un mes del anuncio y la puesta en marcha del Plan de congelamiento “Mirar para Cuidar”, el acuerdo de precios gubernamental presenta importantes restricciones. En los hechos ni en los resultados que tendrá sobre el proceso inflacionario, no pasa del relato político en un año electoral, por parte de un gobierno que no tiene la vocación de avanzar en reformas que recuperen el crecimiento y la progresividad social; y que al contrario, se encuentra mucho más cómodo en la alianza con los intereses de los grupos concentrados, que son los grandes ganadores de la década.

En principio, los 500 artículos que integran el acuerdo representan en realidad unos 160 productos. De ellos sólo 38 componen la Canasta Básica Alimentaria, encontrándose en cambio 452 artículos y productos diversos, en distintas marcas y presentaciones, tales como ceras para depilación o bebidas alcohólicas, que no conforman incluso la Canasta Total, y son productos de consumo específicos.

Otro ejemplo palpable de las restricciones y arbitrariedades es la ausencia del Pan, un producto tan básico de consumo de la población, y que sin embargo no forma parte del listado acordado. Lo mismo ocurre con algunos cortes de carne, y algunas frutas y verduras.

Otro problema específico se desprende a simple vista en las góndolas, y es que, de los productos de la Canasta Básica ofrecidos en el acuerdo, se verifican en muchos casos faltantes de las marcas y presentaciones incluidas, es el caso del kg de Azúcar (Dominó). Lo mismo ocurre con la Leche en sache (La Serenísima Tipo B); donde la presentación del artículo incluido en el congelamiento es similar a otros que no están incluidos, induciendo mediante propaganda engañosa la compra de artículos sustitutos a precios con marcadas diferencias. En nuestra provincia se verifican también problemas con el aceite, cuando no faltante, ofrecido en combos conjunto a otros productos, debiendo el consumidor pagar $10 o más, y llevar otro artículo extra, por un producto que en el acuerdo de congelamiento se ofrece a precio de lista $4,24.

Finalmente como otra de las restricciones importantes, el congelamiento se planteó exclusivamente en acuerdo con las grandes cadenas de supermercados, quedando excluidos el supermercado chico y mediano y el negocio de barrio; es decir, las denominadas “Bocas de Proximidad”; donde en los hechos la gente, particularmente de ingresos fijos y de menores recursos, compra una parte significativa de los productos de la Canasta Básica que consume. Hay que destacar que, dado el volumen de ventas concentrado por las grandes cadenas, las bocas de proximidad en general presentan diferencias con las ofertas de las cadenas, y tienen precios algo más altos imposibilitados de competir lo que compensan con medios alternativos de comercialización. La boca de proximidad genera el sustento de la familia comerciante; las grandes cadenas son fuente de ganancias extraordinarias.

En este marco, el aumento promedio para los cincuenta productos de la Canasta Básica Alimentaria durante el 1° cuatrimestre del 2013, está, según el IBP, en el orden del 6,6%, como se ve en la tabla que sigue, y algunos de ellos como la harina de trigo y su derivado principal, el pan de mesa, se incrementaron por encima del 40%. 

Fuente: Índice Barrial de Precios

Es observable la diferencia abismal entre lo que cobran los productores, por bienes que en algunos casos llegan casi sin agregado de valor al consumo humano, y en otros son la materia prima principal de mercancías más elaboradas; y los precios que se pagan en las góndolas y comercios para que lleguen a la mesa familiar.

La brecha entre lo que cobran los productores y los precios al consumidor se va ampliando a medida que avanza y no se detiene el proceso inflacionario; quedando claro que la fracción sustancial de los constantes aumentos en los precios que pagamos los consumidores argentinos, se queda en la cadena de intermediación.

Allí hay varios eslabones que se reparten los recursos, eslabones que en la todos los sectores presentan un alto grado de concentración económica, lo que les da el "poder de mercado" para incidir decisivamente en la formación de precios que llegan al consumidor: desde las empresas que industrializan los alimentos, pasando por las cadenas de comercialización, las entidades financieras que financian el consumo, y en última instancia, el gobierno, que engorda nominalmente la recaudación fiscal mediante una extracción impositiva regresiva. 

La Secretaria de Comercio a cargo de Guillermo Moreno, ha anunciado supuestas sanciones a quienes incumplieran el congelamiento, tales como multas y clausuras, aplicación de las leyes de abastecimiento y de defensa del consumidor, etc.; pero eso no ha ocurrido, sino que por el contrario, se han autorizado incrementos de precios en diversos productos.

El crecimiento económico y la recuperación del mercado interno de los primeros años del ciclo kirchnerista, particularmente en lo que hace a los recursos volcados a recuperar el poder de compra y el consumo popular (y las condiciones de vida de la población en general); paulatinamente son absorbidos por el proceso inflacionario, sin que el Estado redistribuya ingresos de forma equitativa y sin que los mismos se vuelquen en una medida adecuada, nuevamente a la inversión productiva virtuosa que de sustentabilidad al proceso económico en el tiempo.

En síntesis, los recursos producidos en una década de alto crecimiento de la economía, están siendo apropiados por los mismos sectores económicos concentrados, vía ganancias extraordinarias. Y esto ocurre en un macro en que no se llevan adelante reformas estructurales necesarias, mientras se pretende sostener el consumo, y el sector externo vuelve a presentar restricciones.

Por lo tanto el congelamiento, en los hechos ni en los resultados que tendrá sobre el proceso inflacionario, no pasa del relato político en un año electoral, por parte de un gobierno que no tiene la vocación de avanzar en reformas que recuperen el crecimiento y la progresividad macro social; y que al contrario, se encuentra mucho más cómodo en la alianza con los intereses de los grupos concentrados que han sido los grandes ganadores de la década. Prueba de ello es que no se atreve a implementar medidas como las realizadas por Dilma en Brasil, como eliminar el IVA a los 50 productos de las CBA, porque ello implicaría buscar financiamiento fiscal genuino, afectando rentas extraordinarias hoy exentas, como la renta financiera.

Ernesto Gómez Rossi
Coordinador ISEPCi Tucumán